Horas después de la llegada triunfal a la céntrica Plaza de Bolívar del profesor Gustavo Moncayo, miles de personas se volcaron a las calles para recibir como héroe a este sencillo maestro y padre de un policía secuestrado, y ahí el presidente Alvaro Uribe enfrentó el reclamo y la furia de los familiares de víctimas y desplazados del conflicto en Colombia.Molesto por el abucheo, Uribe prometió liberar a algunos guerrilleros y establecer un lugar de encuentro para hablar de paz. Luego de una reunión privada con el profesor, Uribe dijo que si las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregan a los secuestrados, está dispuesto a liberar a miembros de la guerrilla siempre y cuando éstos se comprometan a no "secuestrar y matar". Pero, dijo, "yo no despejo un milímetro cuadrado del país a la delincuencia", propuso una zona de encuentro con las FARC, y aclaró que estaría "dispuesto a mantener por 90 días esta zona para negociar la paz".
Esta postura fue censurada por Moncayo, quien se dirigió a la multitud y apuntó: "tristemente nuestros hijos siguen allá en la selva, por más cosas que se hayan hecho ellos siguen secuestrados, pero nosotros seguimos en ese juego politiquero entre el gobierno y las FARC ¿por qué tenemos que esperar que nuestros hijos nos los entreguen como los diputados del Valle? El mismo discurso del presidente, el mismo discurso de las FARC, no va a nada".
El profesor, quien se ha convertido en símbolo nacional de las víctimas del conflicto luego de caminar más de mes y medio desde el extremo sur del país para recoger 2 millones de firmas en reclamo de un acuerdo humanitario al gobierno, no pudo contener el llanto, y se retiró del acto con su mujer.
La presencia de Moncayo -quien anoche se reunió en la sede del Arzobispado con representantes de la Comisión de Conciliación y con diplomáticos de siete países europeos- en la capital marca la culminación del encuentro de millares de víctimas y desplazados, unidos en su afirmación de vida y la imperante necesidad de paz.
Ellos se han "echado a andar", despojándose del oscuro manto de invisibilidad impuesto hace tiempo a través de la muerte y el horror. Luego de las marchas que congregaron a tres millones de personas hace tres semanas en las principales ciudades del país en repudio al asesinato de 11 rehenes, estos representantes de todos los sectores políticos, regiones, etnias, y clases sociales, quienes vinieron a presentar sus testimonios y reclamos en diferentes foros ante las autoridades, habrán logrado representar a los 30 mil desaparecidos, los más de 5 mil secuestrados y los 3 millones de desplazados que ha producido la más reciente violencia en el país.
Las fechas de estos encuentros marcaban tanto la apertura de la nueva sesión del Congreso, como el segundo aniversario de la ley de justicia y paz, que dio luz verde a la aún inconclusa desmovilización de los paramilitares y estableció un supuesto resarcimiento para las víctimas, que aún no se ha hecho efectivo.
Evocaban también el aniversario, el 18 de julio, de la Marcha de las Antorchas liderada por Jorge Eliécer Gaitán hace 60 años en demanda de justicia para las víctimas de la violencia partidista; el asesinato de Gaitán meses después (abril de 48) desató el Bogotazo, histórica rebelión popular, reprimida con aún mayor fuerza, y que abrió paso a una de las épocas de violencia más cruenta en la historia del país -se calcula que hubo 200 mil muertos y por lo menos 800 mil desplazados- antesala del conflicto armado que continúa hasta hoy.
La verdad de Colombia -acallada durante las décadas de violencia y persecución política producto del conflicto armado, y amordazada mediante el terror sanguinario instaurado por narcoparamilitares- ha comenzado a aflorar. Las víctimas y sus familiares dejaron atrás su aislamiento y contraposiciones, tejiendo duelos y solidaridad a través del sufrimiento común, e insisten en la búsqueda de la verdad y en una reparación integral.
Han trazado el camino, queda por verse si logran mantenerlo abierto; comienzan a ser muchos más los ciudadanos, y los observadores internacionales y analistas políticos que coinciden con los acompañantes de este proceso -instituciones religiosas, académicas, sociales y de derechos humanos, y la Alcaldía de Bogotá- quienes consideran que esta presencia, esta voz, ya no la calla nadie.
fuente: La Jornada
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